El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, se convirtió en el principal muro de contención frente a presuntos intentos de desestabilización interna que buscaban alterar el rumbo institucional del Órgano Electoral y abrir paso a un escenario de nuevas elecciones fuera del marco legal vigente.
Fuentes internas del Tribunal Supremo Electoral denunciaron que sectores afines al expresidente Evo Morales habrían impulsado una estrategia de presión política y confrontación dentro del ente electoral con el objetivo de forzar la salida de Rodrigo Paz y modificar el equilibrio institucional en favor de intereses partidarios.
Según las versiones conocidas desde el interior del TSE, una de las figuras señaladas en esta presunta operación es Celedonia Cruz Ayma, identificada por las fuentes como supuesta sobrina de Evo Morales. La denuncia sostiene que el objetivo político sería allanar el camino para que una organización cercana al evismo logre obtener personería jurídica y pueda participar en futuros comicios.
Las acusaciones apuntan a que las presiones no solo buscaban alterar decisiones internas del Tribunal, sino también generar un escenario de conflictividad y tensión institucional orientado a precipitar nuevas elecciones al margen de los procedimientos establecidos por la normativa electoral boliviana.
En ese contexto, la actuación de Gustavo Ávila fue destacada por funcionarios y observadores internos como determinante para evitar una fractura institucional dentro del Órgano Electoral.
Desde distintos sectores se valora que el presidente del TSE mantuviera la estabilidad administrativa y defendiera la continuidad del calendario democrático frente a presiones políticas que califican de “subversivas” y “desestabilizadoras”.
La denuncia genera preocupación en círculos políticos y jurídicos debido a que cualquier intento de alterar la institucionalidad electoral mediante presiones internas o acciones de fuerza podría representar un grave precedente para la democracia boliviana.
Hasta el momento, los aludidos no emitieron una respuesta oficial frente a las acusaciones conocidas desde el interior del Tribunal Supremo Electoral.
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