El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, salió al frente de los cuestionamientos surgidos en torno a la compra de una vagoneta Audi Q4 e-tron y negó de manera categórica haber incurrido en alguna irregularidad, conducta dolosa o acto de corrupción.
La autoridad explicó que el valor del vehículo adquirido fue de 350.000 bolivianos y detalló que la operación fue posible mediante la venta de una camioneta cero kilómetros de su propiedad, complementada con un crédito bancario.
“Tenía una camioneta 0 Km, la cual vendí y utilicé como base, más un crédito bancario, para comprar un nuevo vehículo estimado en Bs 350.000”, explicó Espinoza durante una conferencia de prensa.
Las dudas surgieron luego de que el periodista Junior Arias, de DTV, difundiera la Escritura Pública 1685/2026, documento en el que se consignaría un monto de 50.000 bolivianos por la transferencia del motorizado.
Frente a esta situación, Espinoza manifestó que debe revisar personalmente la documentación y sostuvo que, si se confirma que existe un error en el instrumento público, este deberá ser aclarado y corregido conforme a los procedimientos establecidos.
“Debo revisar el documento”, señaló el ministro, al remarcar que el valor efectivo del vehículo es de Bs 350.000.
La posición asumida por Espinoza apunta a que cualquier diferencia documental sea esclarecida mediante los mecanismos institucionales correspondientes, evitando que una posible inconsistencia administrativa sea interpretada automáticamente como un acto de corrupción.
En ese contexto, el vicepresidente Edmand Lara solicitó al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y a la Contraloría General del Estado revisar la escritura pública y verificar la operación, así como el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Ante esos cuestionamientos, Espinoza optó por una posición de apertura y transparencia, proporcionando públicamente una explicación sobre la forma en que realizó la adquisición y señalando que los recursos provinieron de la venta de otro vehículo y de financiamiento bancario.
La controversia también incorporó referencias al vendedor del motorizado y a supuestos vínculos con operaciones inmobiliarias relacionadas con el hijo del expresidente Luis Arce. Sin embargo, estos elementos, por sí solos, no demuestran que Espinoza haya cometido una irregularidad, por lo que corresponde que cualquier eventual relación sea verificada por las autoridades competentes antes de establecer conclusiones.
El caso deja así un desafío para las instituciones encargadas de la fiscalización: revisar la documentación, verificar los pagos y determinar objetivamente si existe alguna diferencia tributaria o documental.
Desde la perspectiva del ministro, la transparencia debe prevalecer sobre cualquier especulación. Espinoza ha negado la existencia de dolo o corrupción y se ha mostrado dispuesto a que la documentación sea revisada, una actitud que permite que las dudas sean resueltas mediante información verificable y no a través de presunciones.
En una administración pública que busca fortalecer la confianza ciudadana, la revisión institucional de los documentos constituye precisamente el camino adecuado para despejar cualquier interrogante.
Mientras se aguardan las verificaciones correspondientes, no existe base suficiente para afirmar que la compra haya constituido un acto de corrupción. Corresponderá al SIN y a la Contraloría establecer, con documentación y procedimientos formales, si existió algún error en la escritura o si todos los aspectos de la operación fueron correctamente registrados.
Espinoza, entretanto, mantiene su explicación: el vehículo tuvo un valor de 350.000 bolivianos, adquirido mediante la combinación de la venta de un motorizado anterior y un crédito bancario, y cualquier diferencia documental deberá ser esclarecida por las instancias competentes.
El principio debe ser claro: si existe una duda, que se investigue; si existe un error, que se corrija; y si no existe delito ni dolo, que también se establezca públicamente la verdad.
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