Tras una extensa sesión virtual y un intenso debate político, la Cámara de Diputados aprobó este martes la abrogación de la Ley 1341 de Estado de Excepción, normativa promulgada en 2020, y remitió el proyecto al Ejecutivo para su promulgación definitiva.
La sesión comenzó cerca de las 11:30 y concentró gran parte de las intervenciones en el análisis de la crisis que atraviesa el país y en la necesidad de encontrar salidas políticas orientadas a devolver estabilidad a la población boliviana.
Con el respaldo de más de dos tercios de los legisladores presentes, el pleno aprobó el proyecto de ley en sus estaciones en grande y en detalle, dejando sin efecto la norma impulsada durante la anterior administración legislativa.
En medio del debate, el diputado Manolo Rojas destacó que las decisiones asumidas por la Asamblea deben priorizar el bienestar de la ciudadanía antes que los intereses políticos.
“El pueblo boliviano necesita paz, certidumbre y soluciones concretas. Hoy las familias están preocupadas por la economía, por el abastecimiento y por la estabilidad del país. Nuestro deber es actuar pensando en la gente”, sostuvo el legislador.
Rojas también afirmó que Bolivia requiere consensos amplios para superar el clima de confrontación y recuperar la tranquilidad social. “No podemos seguir profundizando divisiones. El país necesita diálogo, responsabilidad y leyes que garanticen los derechos de todos los ciudadanos”, manifestó.
Durante la jornada legislativa, varios diputados responsabilizaron al expresidente Evo Morales por la crisis política y los conflictos sociales registrados en las últimas semanas. Asimismo, algunos parlamentarios solicitaron que las autoridades avancen con procesos judiciales pendientes.
Por su parte, el diputado Carlos Alarcón recordó que anteriormente impulsó iniciativas similares para dejar sin efecto la Ley 1341 y señaló que la aprobación de la norma representa una señal política importante en medio de la coyuntura nacional.
Con la aprobación de Diputados, la Asamblea Legislativa concluyó el tratamiento del proyecto y ahora la decisión final queda en manos del Ejecutivo.
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