La crisis social que atraviesa Bolivia dejó hasta el momento un saldo de siete personas fallecidas, 23 heridas y 321 arrestadas, según el Primer Reporte Preliminar sobre la Conflictividad Social presentado por la Defensoría del Pueblo, en medio de los bloqueos y protestas impulsados por sectores afines a Evo Morales.
El informe, que abarca el periodo comprendido entre el 1 y el 24 de mayo de 2026, refleja la gravedad del conflicto y el impacto que los bloqueos han generado en la vida cotidiana de miles de familias bolivianas, principalmente en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Oruro.
En este contexto, el presidente Rodrigo Paz volvió a priorizar la vía del diálogo y la pacificación antes que la confrontación, convocando a distintos sectores sociales, políticos e institucionales a construir consensos para devolver la tranquilidad al país y garantizar el abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustible.
Desde el Ejecutivo se remarcó que el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de acuerdos y mesas de trabajo con todos los actores dispuestos a contribuir a la estabilidad nacional. Precisamente, los sectores y representantes que acudieron a las convocatorias de diálogo coincidieron en la necesidad urgente de frenar la escalada de violencia y evitar mayores perjuicios para la población.
La Defensoría del Pueblo informó que, durante los conflictos, se registraron intervenciones policiales y operativos conjuntos con las Fuerzas Armadas para habilitar rutas bloqueadas mediante el operativo denominado “Corredor Humanitario de las Banderas Blancas”, desarrollado entre el 16 y el 23 de mayo.
El defensor del pueblo, Pedro Callisaya, señaló que la conflictividad está dejando profundas consecuencias sociales y humanitarias. “La vida no puede seguir quedando en medio del conflicto”, afirmó al exhortar a las partes a generar espacios de encuentro y soluciones pacíficas.
El reporte detalla que de las 321 personas arrestadas, 221 fueron liberadas y 89 imputadas penalmente. Además, 12 recibieron detención preventiva, 19 detención domiciliaria, cinco medidas sustitutivas y 10 fueron sentenciadas mediante procedimiento abreviado.
Entre los 23 heridos figuran tres policías, dos periodistas, cinco terceros afectados y 12 personas movilizadas. Los siete fallecimientos aún son investigados por el Ministerio Público para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron.
La institución defensorial también destacó las acciones humanitarias desplegadas durante la emergencia, entre ellas la facilitación del ingreso de 40 toneladas de oxígeno medicinal hacia El Alto, verificaciones en hospitales, mercados y estaciones de servicio, además de gestiones para proteger el abastecimiento de medicamentos y alimentos esenciales.
Asimismo, la Defensoría impulsó espacios de acercamiento junto a la Iglesia Católica y organizaciones de derechos humanos, respaldando la necesidad de construir soluciones pacíficas en medio de una coyuntura marcada por los bloqueos y la tensión política
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