La audiencia judicial en la que el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, pretendía solicitar la modificación de su detención preventiva fue suspendida y reprogramada para el viernes 13 de marzo. La sesión estaba prevista inicialmente para la mañana de este martes a las 08:30.
La reprogramación fue solicitada por el equipo legal de la autoridad municipal, con el objetivo de que Fernández pueda asistir de forma presencial a la audiencia donde se analizará el recurso de apelación presentado dentro del proceso penal que enfrenta.
Mientras se espera la nueva fecha, el alcalde continuará cumpliendo detención preventiva en el penal de Palmasola, medida que fue dispuesta el pasado 26 de febrero por la jueza Alejandra Menacho.
El Ministerio Público investiga a Fernández por presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes en el denominado “caso pavimento”. Este proceso se basa en un informe de la Contraloría General del Estado que detectó supuestas irregularidades en proyectos de pavimentación ejecutados en la ciudad.
De acuerdo con el informe, algunas calles y avenidas habrían sido registradas como concluidas en documentos técnicos y planillas de obra, aunque en la práctica no existirían físicamente o no tendrían una medición real de los trabajos ejecutados.
La investigación contempla al menos 11 proyectos de pavimento rígido observados por la Contraloría, donde se presume un posible daño económico que alcanzaría aproximadamente 6,7 millones de bolivianos.
El proceso judicial no solo involucra al alcalde, sino también al secretario municipal de Obras Públicas, Sergio Luna, quien igualmente es investigado por las presuntas irregularidades.
La denuncia que dio origen al caso fue presentada en diciembre por el entonces concejal Manuel “Mamén” Saavedra. Actualmente, el seguimiento del caso dentro del Concejo Municipal es realizado por el concejal Alberto Vaca.
A pesar de encontrarse bajo detención preventiva, Fernández no ha renunciado a su cargo como alcalde, lo que ha generado debate en el Concejo Municipal sobre si debe continuar ejerciendo funciones mientras se desarrolla el proceso judicial.
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