La estabilidad institucional del Tribunal Supremo Electoral (TSE) quedó en el centro del debate luego de que se denunciara un supuesto intento de cambiar la presidencia del ente electoral.
De acuerdo con la denuncia, los vocales Celedonia Cruz y Ramiro Canedo impulsaron en sala plena la sustitución de Gustavo Ávila como presidente del TSE, proponiendo en su lugar a Carlos Ortiz. Sin embargo, la iniciativa no prosperó debido a que Ortiz rechazó la postulación.
El episodio generó repercusiones políticas e institucionales, debido a que Gustavo Ávila aún tiene dos años de mandato al frente del máximo órgano electoral del país. Diversos sectores consideran que el intento de modificar la presidencia representa una señal de tensión interna en una institución clave para la democracia boliviana.
En medio de la controversia, se destacó el trabajo desarrollado por Ávila durante su gestión, caracterizada —según analistas y actores políticos— por la defensa de la institucionalidad, la transparencia y la estabilidad del órgano electoral en un contexto de alta polarización política.
Desde distintos espacios se valoró que el presidente del TSE haya mantenido la conducción del ente electoral con firmeza y apertura al diálogo, evitando confrontaciones públicas y priorizando el cumplimiento del calendario institucional.
La fallida maniobra para reemplazarlo también abrió cuestionamientos sobre las divisiones internas dentro del Tribunal Supremo Electoral y sobre los intereses que podrían estar detrás de la propuesta impulsada en sala plena. Para varios observadores, el hecho evidencia una pugna de poder que podría afectar la imagen y credibilidad de la institución.
Pese al intento de relevo, Gustavo Ávila continúa al frente del TSE y mantiene vigente su mandato, consolidándose como una de las principales figuras dentro del órgano electoral boliviano en un periodo considerado determinante para la estabilidad democrática del país
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