El abogado y activista de derechos humanos Curmi Rocha solicitó ante el Ministerio Público la ampliación de la investigación dentro del denominado caso Botrading, con el objetivo de que sea incorporado y citado a declarar Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, por presuntamente haber ejercido una fuerte influencia en las decisiones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) durante la gestión de su padre.
De acuerdo con la denuncia presentada por Rocha, Arce Mosqueira habría tenido un rol determinante dentro de la estatal petrolera, al punto de ser considerado —según el denunciante— como “amo y señor” de YPFB mientras su padre se encontraba al frente del Gobierno .
El abogado sostuvo que, debido a las presuntas irregularidades investigadas en torno a la empresa Botrading, resulta fundamental que el hijo del exmandatario sea convocado a prestar declaración informativa para esclarecer si tuvo participación o conocimiento de las decisiones y operaciones que actualmente son objeto de investigación.
“La investigación debe ampliarse para que Marcelo Arce Mosqueira explique cuál fue su rol en las decisiones que se tomaban en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, especialmente en lo que respecta a la relación con Botrading”, señaló Curmi Rocha al momento de formalizar la solicitud.
El jurista argumentó que existen cuestionamientos públicos sobre la presunta influencia que habría tenido Arce Mosqueira en la empresa estatal durante el gobierno de Luis Arce, por lo que considera necesario que el Ministerio Público convoque a declarar a todos los actores que pudieron haber intervenido en la toma de decisiones.
La solicitud fue presentada en la ciudad de La Paz, donde se desarrolla la investigación del caso Botrading, proceso que busca determinar si existieron irregularidades en las operaciones relacionadas con la empresa vinculada al sector hidrocarburífero.
Rocha remarcó que la ampliación de la investigación permitirá garantizar transparencia en el proceso y esclarecer responsabilidades dentro de la administración de la estatal petrolera, en un caso que ha generado amplio debate político y jurídico en el país.
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