El Gobierno de Chile, liderado por José Antonio Kast, confirmó que los migrantes en situación irregular seguirán teniendo acceso a servicios fundamentales como la educación y la atención en salud.
El ministro de la Presidencia, José García Ruminot, aseguró que estos dos beneficios “no se van a tocar”, a pesar de que el Ejecutivo impulsa reformas para endurecer la política migratoria en el país.
Dentro del paquete de medidas, el Gobierno busca tipificar como delito el ingreso irregular, además de limitar el acceso a ciertos beneficios sociales para personas que no cuenten con documentación legal.
Asimismo, se dio prioridad legislativa a cerca de 20 proyectos relacionados con seguridad, migración y crimen organizado, que actualmente están en debate en el Congreso.
Entre las acciones más llamativas, se encuentra la construcción de barreras en la frontera con Perú y Bolivia, con el objetivo de frenar el ingreso de migrantes no documentados.
El plan contempla un plazo de 90 días para la instalación de estas estructuras en el norte del país, especialmente en zonas como Arica, donde el propio mandatario supervisó el inicio de las obras.
Por otro lado, también se plantean ajustes en la gratuidad de la educación superior, limitando el acceso a ciertos grupos en futuras postulaciones, aunque las autoridades recalcaron que este beneficio no será eliminado.
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