Bolivia dio un paso clave en su política antidrogas al confirmar la reactivación de la cooperación con la Administracion de Control de Drogas (DEA), luego de casi dos décadas de su salida del país. El anuncio fue realizado por el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, quien detalló que actualmente ya existe intercambio de información, capacitación y apoyo técnico en la lucha contra el narcotráfico.
En una entrevista concedida a The Associated Press, la autoridad explicó que la decisión política para el retorno formal de la agencia estadounidense ya fue tomada, aunque aún se trabaja en la definición del alcance operativo y las responsabilidades específicas de cada parte. Según precisó, los detalles finales del acuerdo están siendo gestionados por la Cancillería boliviana.
Justiniano descartó de manera categórica la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional, subrayando que la cooperación se limitará a tareas de coordinación, intercambio de inteligencia y operativos conjuntos. En ese marco, también se prevé el fortalecimiento de acciones regionales con países como Brasil, Paraguay y Argentina.
El anuncio se produce en un contexto de reconfiguración de la política exterior boliviana tras la asunción del presidente Rodrigo Paz, quien ha impulsado un acercamiento con Washington y una agenda de cooperación internacional en materia de seguridad.
Sin embargo, el posible retorno de la DEA ha generado posiciones encontradas en el escenario político y social. Sectores afines al expresidente Evo Morales y sindicatos cocaleros del Chapare han expresado su rechazo e incluso plantean la posibilidad de convocar a un referendo para frenar la medida. Argumentan que la presencia de la agencia podría afectar la soberanía nacional.
Por otro lado, analistas, autoridades y sindicatos cocaleros del norte de La Paz consideran que la cooperación internacional es necesaria para enfrentar el avance de redes del narcotráfico. Datos oficiales señalan que entre el 91% y 92% de la coca cultivada en ciertas regiones estaría destinada a mercados ilegales, un indicador que refuerza el debate sobre la urgencia de fortalecer los mecanismos de control.
El retorno de la DEA marca un giro significativo respecto a la política adoptada hace 18 años y abre una nueva etapa en las relaciones bilaterales, en medio de un escenario interno polarizado y con el desafío de equilibrar cooperación internacional y soberanía nacional.
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